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ABOCADO A VIVIR EN UN ALTILLEORO DE TRASERO

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La Justicia se niega a rebajar la manutención que un granadino de 65 años debe pasar a su hijo de 18 El hombre malvive con 223 euros y no puede pagar un recurso ante el Tribunal Supremo

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José depende de un subsidio de 433 euros de los que tiene que dar 210 euros a su hijo por orden judicial. / Lucía Rivas
José López pasa más tiempo fuera que dentro de su hogar. Lo prefiere. Y con razón. Desde hace tres años vive en un lúgubre trastero de la calle Arabial que es propiedad de su sobrino. Duerme en el altillo, rodeado de sus escasas pertenencias: un par de mantas, una antigua maleta marrón y varios pares de viejos zapatos que hacen las veces de cabecero para una improvisada cama de gomaespuma. 
José es granadino. Nació hace 65 años en la Alpujarra y es padre de cuatro hijos ya adultos. A tres de ellos  los tuvo con la mujer con la que contrajo matrimonio siendo un jovenzuelo y de la que está separado, aunque no judicialmente. El cuarto vástago, que actualmente tiene 18 años y al que no reconocería si se lo cruzara por la calle, es fruto de su relación  con otra señora, con la que afirma que sólo mantuvo encuentros amorosos fugaces. A ese hijo extramatrimonial, José le pasa todos los meses 210 euros de manutención. Se los quitan de su famélica cuenta: sólo cobra el subsidio de 433 euros. 
José era taxista, pero un grave infarto sufrido en 2004 lo apartó de su profesión. Empezó entonces a cobrar mensualmente 900 euros por enfermedad. En función de esa cantidad se fijó el dinero que tenía que pasar a su hijo para alimentarlo: un 23,33% de la paga. Pero José dejó de percibir esos 900 euros   y tuvo que solicitar la ayuda para desempleadosmayores de 52 años, que recibe desde 2007. Hoy malvive con lo que le queda tras cumplir con sus obligaciones de padre: 223 euros.
Esa resta que cada mes hace el banco es la que ha llevado a José a tener que refugiarse en  la polvorienta habitación de pocos metros cuadrados que ha transformado en hogar. No ha sido la crisis la que le ha arrinconado allí, sino la propia vida y la rigidez de las leyes.
Sus días transcurren paseando por sus lugares preferidos de la ciudad, los mismos que antaño recorría en su taxi. La licencia de taxista se la transmitió a su hijo el mayor para que se ganara el pan de cada día con dignidad, ésa que a él, pese a sus tristes circunstancias actuales, aún nadie le ha podido arrebatar. 
José, que tiene actualmente reconocida una minusvalía del 44%, afirma que ninguno de sus vástagos puede ayudarle. Los recursos económicos de los tres con los que sí mantiene contacto no les permiten acogerlo en sus viviendas. "A mis dos hijas les van a quitar los pisos porque no pueden pagarlos", dice. El tercero, el que se quedó con el taxi, no gana tampoco como para socorrerle y José no puede pagar un alquiler.  
Para el abogado de este granadino, Félix Ángel Martín, su caso es "una auténtica injusticia", ya que su cliente sólo pide tener que pagar menos a ese hijo fruto de la relación extramatrimonial que mantuvo con aquella mujer, que "es funcionaria de la Junta de Andalucía, tiene una posición desahogada y posee inmuebles alquilados". 
Ya han sido dos los procedimientos judiciales que José ha iniciado para pedir la suspensión temporal de la obligación de pago o la reducción de la manutención, pero ambos los ha perdido. Él no se niega a dar el dinero que por ley corresponde al adolescente, pero reclama que la cantidad sea acorde a su nueva situación y a sus escasos ingresos. 
¿Pero por qué se resisten los tribunales? Según explicó a este diario su abogado, durante el primer proceso, iniciado en 2009, la madre de su cuarto hijo aportó el informe de un detective para demostrar que José no se encontraba desamparado y sin residencia fija, sino que estaba durmiendo en casa de su mujer, que colaboraba con ella en una tienda que ésta regentaba y además había vendido su licencia de taxi. La Justicia consideró entonces adecuado que  el hombre, pese a cobrar 433 euros, siguiese destinando 200 y pico euros del subsidio al adolescente. Pero aquellas circunstancias cambiaron, según su letrado, estando el caso en trámites de apelación. José dejó la relación con su mujer, que además cerró la tienda, y se vio abocado a dormir donde duerme, así como a comer de la solidaridad de conocidos y amigos.  El abogado comunicó esta nueva situación en el recurso, pero aún así su petición fue desestimada. 
El año pasado José volvió a intentarlo, pero su segunda demanda tampoco ha prosperado, pues los jueces  consideran que el asunto ya está resuelto (en términos legales, se aferran al 'principio de cosa juzgada'). Este diario ha tenido acceso a la resolución que ha enterrado las últimas esperanzas del anciano. Se trata de una sentencia dictada el pasado 12 de julio por la Sección Cuarta de la Audiencia de Granada, que confirma la decisión del Juzgado de Primera Instancia 5 de no rebajar el importe de la manutención.  La Audiencia recuerda que "la transmisión de la licencia de taxi, como que viva en un trastero, se valoró en la sentencia anterior", la emanada del primer proceso, el de 2009, y considera que no ha habido un cambio significativo nuevo en las circunstancias de José como para variar las medidas acordadas  judicialmente en su día sobre pensión alimenticia. Coincide así con el juez de Primera Instancia 5, que concluyó que los nuevos datos aportados como prueba (su residencia en el trastero, el cierre de la tienda de su mujer y su grado de minusvalía, entre otros) "no constituyen hecho nuevo alguno, sino pura y simplemente un intento de probar aquello que no se acreditó cuando debió hacerse".
Pero José, que subsiste con 223 euros, asegura que cada noche, "desde hace años", duerme en ese trastero y que ya no está con su mujer. Ningún vecino sabe que está habitando allí ni  quiere que nadie lo sepa; teme que la comunidad de propietarios del bloque acabe echándole. "Hombre, yo sé que un trastero no es para vivir...", dice mientras muestra los cubos de agua donde se asea. "Lo considero injusto de verdad, porque no cobro 900 euros; lo único que pido es que me rebajen el dinero que tengo que pagar a unos 90  euros, que es lo que mi abogado calcula que sería lo correcto".  
El ex taxista, según su letrado,  no tiene tampoco los 1.500 euros que le costaría interponer un recurso de casación ante el Supremo, por lo que hoy por hoy su batalla  legal está perdida y, de momento,  también su ilusión de volver a habitar en un lugar con más de cuatro paredes y sin estar rodeado de tantas cosas inútiles.

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