EL DIA CORDOBA: El recibo de la basura en la provincia de Córdoba subirá un 40,8%
La tasa se incrementará en 3,14 euros al mes después de que la Diputación inyecte dos millones a Epremasa para reducir el déficit previsto a los 7,6 millones
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Un camión de Epremasa recoge un contenedor.
La tasa de la basura en la provincia de Córdoba también sube y lo hará en hasta un 40,8% el año que viene, según ha anunciado el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, durante la presentación de las ordenanzas fiscales correspondientes al ejercicio del año 2024. Este más que notable incremento porcentual en el recibo de la basura se traducirá finalmente en la subida de 3,14 euros al mes.
Pero, ¿a qué se debe este aumento? Pues, según ha detallado Fuentes, a las pérdidas económicas que arrastra la Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente (Epremasa). En concreto, la entidad provincial prevé cerrar el ejercicio de 2023 con un déficit de 7,5 millones de euros, una cuantía que para 2024 se incrementará hasta los 9,6 millones de euros.
Con esta estimación millonarias de pérdidas, el aumento real de la tasa de la basura se elevaría hasta el 51,53% "para ajustar las cuentas" de Epremasa, según ha indicado Fuentes. Al detalle, ha continuado, de este incremento del 51,5%, el 24% corresponde al impuesto de vertederos del Gobierno de España -en concreto, al de residuos y suelos contaminados para una economía circular-, que suponen 4,5 millones de euros. Por su parte, el 10% de la subida corresponde al aumento de las contratas, lo que representa 1,9 millones de euros, mientras que el 16,5% restante -que serían 3,1 millones de euros- vienen de la disminución de las ventas de los productos reciclados.
Ante estas cuentas, Fuentes ha avanzado que se ha acordado una propuesta "para no cargar sobre los usuarios" el total de los 9,5 millones de euros del déficit inicial. Al detalle, la iniciativa acordada es que la Diputación de Córdoba aportará, por primera vez, una subvención de dos millones de euros para reducir el déficit previsto. Con esta cuantía, la deuda de Epremasa bajará hasta los 7,6 millones de euros, y se cifrará finalmente en un 40,8%, o lo que es lo mismo, un aumento en el recibo de 3,14 euros al mes.
Con estas nuevas cifras, de esos 7,6 millones de euros de déficit previsto en Epremasa, algo más de 4,4 millones irán a pagar el impuesto del Gobierno central -lo que representa el 58,9%- y los 3,1 millones de euros restantes para las pérdidas de explotación -un 41%-. Traducido a la factura final, esa subida de la tasa de la basura de 3,14 euros prevista incluye que 1,85 euros son para pagar el impuesto nacional y los 1,29 euros restantes al pago de pérdidas de explotación.
Fuentes ha insistido en que con esta propuesta de incremento de tarifas se trata de llegar con equilibrio contable el 31 de diciembre" y ha recordado que si el impuesto del Gobierno central no estuviese en marcha, la subida del recibo de la basura en Córdoba sería solo de 1,29 euros.
"Confío en que el 2025 no tengamos que repercutir el IPC e intentar que las tasas vuelvan al coste cero", ha vaticinado, al tiempo que ha vuelto a reiterar que "había que salir al paso de esta realidad y de esta situación que propicia una presión fiscal por parte del Gobierno que es inoportuna e irresponsable".
El presidente de la Diputación, además, ha recordado que la inflación ha ido subiendo desde 2019 y que ese desfase se ha ido acumulando, además de los costes fijos materiales, las contratas y también el aumento del precio de la energía. "Ha habido decisiones que son mejorables en la empresa que tenemos que asumir un aumento de las tasas", ha destacado.
Con respecto al presupuesto de la empresa provincial para 2024, Fuentes ha explicado que "asciende a 40.298.329 euros, prácticamente un incremento de un 10% por el aumento de los precios de materiales y el desfase provocado por la recaudación del impuesto del Gobierno de España, del cual pedimos desde la FEMP una moratoria o compensación pero no fuimos escuchados".
"Es un presupuesto no expansivo y prudente para 2024, un presupuesto responsable, por lo que pedimos un esfuerzo para equilibrar las cuentas y poder llegar a 2025 con unas cuentas diferentes que no haya que repercutir", ha señalado.
En la misma línea, el vicepresidente primero de la institución provincial, Andrés Lorite, ha expuesto que en las cuentas de 2023 de Epremasa hay un volumen inversor de 8,8 millones de euros. Sin embargo, ha lamentado que hasta el momento apenas se ha invertido un 6%, lo que supone unos 500.000 euros.
Así, ha culpado al anterior ejecutivo provincial de PSOE e IU de incumplir los compromisos con los ayuntamientos de la provincia". Como ejemplo, ha expuesto el caso de Lucena, donde su ayuntamiento "desde 2022 el soterramiento de más de 100 contenedores". Se trata de una acción, ha continuado, que "no se ha ejecutado y ni siquiera se ha licitado".
Bonificaciones y reducciones
Para paliar la situación derivada del incremento en las tasas, la empresa provincial aplicará, de conformidad con una disposición recogida en la Ley de residuos, una bonificación de un 25% de la cuota íntegra para aquellas empresas de distribución alimentaria y de restauración que tengan establecidos, en colaboración con entidades de economía social, sistema de gestión que reduzcan de forma verificable los residuos alimentarios.
A esta bonificación se suman las ya existentes, de un 50% en la tarifa anual y manteniéndose la ayuda durante tres años, para viviendas cuyos beneficiarios tengan la condición de jubilado o pensionista, de perceptores de renta mínima de inserción o ingreso mínimo vital, que tengan la condición de familia numerosa, mujeres víctimas de violencia de género, que sea una unidad familiar donde al menos dos miembros en edad de trabajar estén en situación de desempleo, que los ingresos no superen 1,5 veces el Iprem y que se esté al corriente del pago de la tasa o prestación patrimonial no tributaria.
Como novedad, se incluye la posibilidad de que sean beneficiarias las personas perceptoras del Ingreso Mínimo Vital, los propietarios de algún inmueble no habitual en un porcentaje igual o inferior al 25% y se modifica el plazo de recepción de solicitudes, que pasa a ser de tres meses -del 1 de julio a 30 septiembre- para tener datos tributarios más actualizados.
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