MULTAS Y RESCATES, LOS COSTES DE UN BAÑO PROHIBIDO. JAÉN HOY
En Almería, desobedecer la bandera roja puede costar 100 euros; en Huelva, 3.000
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Un bañista podría meterse en el mar de la costa granadina un día de bandera roja sin consecuencias económicas, pero en Matalascañas podría costarle hasta tres mil euros. Mientras que en algunos municipios el izado de la bandera obliga a los ciudadanos a mantenerse alejados del agua, en otros es una mera señal de un mar agitado. El criterio es desigual en todo el litoral andaluz y las sanciones económicas que detallan las ordenanzas municipales, también.
La señalización de la playa con bandera roja implica que existe un peligro inminente en la zona, bien por el fuerte oleaje, por el riesgo de corrientes, por la presencia de animales peligrosos o por contaminación, por ejemplo. Con este código de color se indica que el baño puede implicar riesgos en la integridad física de las personas.
El socorrista no tiene que entrar al agua con bandera roja
Con todo, si un ciudadano decide desobedecer esa norma, un socorrista no está obligado a entrar en el agua para rescatarle. Estos profesionales están ahí para vigilar la seguridad en la playa y alertar de los peligros a los bañistas. Pueden realizar rescates, pero no están obligados a arriesgar su vida o la de otros cuando hay bandera roja.
Si ocurriera un accidente, sería el Servicio de Emergencias 112 el que coordinaría la operación de salvamento. Muchas normativas municipales explicitan que el coste de dicha operación tendría que asumirlo la persona que corre el riesgo y que, por tanto, pone también en peligro a los demás.
Tampoco el socorrista tiene las competencias para sancionar al temerario, con lo que puede pedir a la persona que salga del agua y, si esta no obedece, llamar a la Policía Local. Los agentes sí podrían sancionar al bañista si así lo contempla su ordenanza municipal.
Cada costa, una norma
Lo heterogéneo de la circunstancia es que el municipio de Torrox, en Málaga, considera el baño con bandera roja una infracción leve, con multas de hasta 300 euros. En Níjar, en la provincia de Almería, aunque la infracción se considera grave, su coste oscila entre los 101 y los 750 euros. Sale más cara la gravedad en Chipiona o Tarifa, en la provincia de Cádiz, con entre 751 y 1.500 euros de multa. Las playas del término de Almonte, en Huelva, consideran una infracción muy grave bañarse con bandera roja, desobedecer a los socorristas o a la Policía Local. La temeridad le puede costar al ciudadano hasta 3.000 euros.
En la costa de Granada el caso es especialmente polémico. Ni siquiera en su ordenanza se define el baño con bandera roja como una prohibición expresa. En las disposiciones de Motril y Salobreña dicha señal indicaría únicamente “marejada, peligro para el baño”. De hecho, la Federación Española de Salvamento y Socorrismo ya se pronunció sobre este hecho, pues considera temeraria esta concreción.
Por contraste, otros municipios contemplan mucho más detalle. La ordenanza municipal de Níjar exime de la prohibición de entrar al agua a los deportistas que empleen medios flotantes en ejercicios como el surf, el windsurf o el kite surf, pero no les exime de pagar los costes en caso de requerir un rescate.
Los ejemplos de la disparidad
Los casos son variados. Recientemente, un hombre tuvo que ser rescatado por cuatro socorristas en La Línea de la Concepción, en Cádiz, en medio de unas complicadas condiciones por el viento, el oleaje y las corrientes. Todo ello había justificado el izado de la bandera roja que el bañista desobedeció. A pesar de exceder con ello sus obligaciones, los socorristas acudieron para asistirle. El ciudadano tuvo que recibir ayuda médica inmediata en una ambulancia para la administración de oxígeno. Además, uno de los socorristas fue ingresado en el hospital por ingesta de agua salada y agotamiento físico. El bañista se puede enfrentar a una multa de hasta 3.000 euros, aunque no ha trascendido el coste final de la sanción.
En la provincia de Málaga, el verano pasado otro hombre tuvo que hacer frente a una multa de 1.500 euros en Fuengirola por negarse a salir del agua cuando las condiciones adversas motivaban la presencia de la bandera roja en la playa. Aunque los socorristas le advirtieron de que estaba prohibido el baño cuando se percataron de su conducta, el varón “se enfrentó verbalmente a ellos”, por lo que decidieron alertar a la Policía Local, que acudió hasta la playa y sancionó al bañista.
No hay una norma común
A nivel nacional, existen referencias legales como la Ley de Costas o la antigua Orden Estatal de 1972 sobre seguridad en zonas de baño, pero en la práctica son los municipios los que aplican su propia normativa. Muchas localidades costeras ni siquiera cuentan con una concreción explícita en su ordenanza, por lo que hay cierta ambigüedad en el criterio.
La Junta tenía previsto elaborar una norma con la que prevenir muertes accidentales en circunstancias de emergencia, incluyendo las situaciones de mala mar. El Consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, anunciaba al término del pasado verano que se sancionaría a quienes incumplieran las normas, pues “no se puede permitir que se produzcan ahogamientos en la playa cuando está prohibido el baño”.
De momento, dicha norma no ha visto la luz y desde la Consejería cuentan a este periódico que están trabajando en su elaboración, pero no parece que vaya a estar lista para esta temporada. En cualquier caso, lo razonable sigue siendo hacer caso a la advertencia: ante la mala mar y los avisos profesionales, mejor no entrar al agua.
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