UNOS 60 CHIRINGUITOS ESTÁN PENDIENTES DE "REGULARIZACIÓN" EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA. MÁLAGA HOY
Unos 60 chiringuitos de la provincia de Málaga
El representante empresarial ha recordado que la Comisión Europea comunicó en 2021 una nueva normativa a España -y el posterior envío de un dictamen años después-, al objeto de que el Estado garantizase la igualdad de trato en materia de adjudicación y prórroga de las concesiones costeras en base a la legislación europea, es decir, en relación a la “libre concurrencia”.
En concreto, ha detallado que la Ley de Costas de 2013, así como su Reglamento, marca que las concesiones administrativas las pueden solicitar tanto ayuntamientos como particulares, con un periodo de exposición pública de 20 días, incidiendo en que la UE quiere que se convoque por concurso público y se le dé una “mayor publicidad”.
Según ha explicado, la Junta de Andalucía es la administración que tiene las competencias en materia de otorgamiento de las concesiones administrativas a los chiringuitos, provocando la nueva normativa europea una “paralización provisional” de los procedimientos por “confusión” con la nueva legislación.
El colectivo defiende que “ya existe la libre concurrencia” en la Ley de Costas, que data de 2013, ya que las concesiones “salen a exposición pública en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y todo el mundo tiene derecho para presentarse al concurso”. Al mismo tiempo, Villafaina ha destacado que “todos los expedientes de concesiones administrativas anteriores a 2021 siguen adelante, porque no puede haber una paralización con algo que no es ley”.
Casos de Málaga
En el caso de Andalucía, ha estimado que están “pendientes de regulación” unos 160 chiringuitos, de los que 60 están en la provincia de Málaga, y cuyos expedientes comenzaron a tramitarse entre 2015 y 2018, por lo que ha asegurado que “se están tramitando en estos momentos”, aunque han sufrido una “paralización”.
Esta demora deriva de la mencionada “confusión” generada por la nueva normativa europea de 2021, así como por otros aspectos relacionados con la tramitación. En este sentido, ha aludido a errores en la “presentación de la documentación por parte de los empresarios”, a la gestión por parte del "personal nuevo" de las administraciones competentes o las desavenencias en torno a la “ubicación” de los establecimientos de playas, entre otros. A ello ha sumado “el informe preceptivo y no vinculante que tiene que hacer el Estado, que como mínimo tarda dos meses y a veces más, o si viene negativo y se tienen que reunir las dos administraciones para llegar a un acuerdo”.
Por ello, el empresario solicita agilizar los procedimientos para otorgar las concesiones administrativas a los establecimientos de playa y "terminar definitivamente con nuestros expedientes", recalcando que los chiringuitos son "una seña de identidad" de la Costa del Sol.
Respecto a la reciente sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha anulado la modificación de la concesión de un conocido chiringuito de la provincia de Cádiz que permitía mantener su estructura fija durante todo el año tras un recurso presentado por el Ministerio, Villafaina ha destacado que “a veces ha pasado aquí con otros expedientes”, en relación a la provincia de Málaga, incidiendo en que la resolución judicial implica “hacer la petición de nuevo”. En sus palabras, la jurisprudencia creada no afecta a los chiringuitos malagueños, ya que están “todo el año abiertos”, mientras que “en Cádiz el Estado cobra nueve meses”.
Perspectivas positivas para el verano
Por otro lado, el representante empresarial maneja unas buenas perspectivas para el verano, asegurando que junio “está siendo muy bueno y el tiempo es excepcional”, tras unos primeros meses del año que han sido “bastante malos” por los temporales. Aun así, ha señalado que los establecimientos de playa continúan con dificultades para encontrar “personal cualificado”, principalmente por “la dificultad de acceder a una vivienda”.
A ello ha agregado el incremento de los costes de las materias primas, que ha calculado en torno a un 56%, lo que está generando “quejas a los proveedores”, así como algunos establecimientos se han visto obligados a subir los precios “entre un 5% y un 10%”, mientras que “los que tienen las cartas hechas desde la Semana Santa lo están estudiando”.
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