LA LUZ AL FINAL DEL TUNEL TRAS EL CALVARIO DE VARIAS DECADAS EN CARNES DEL MAR
GRANADA HOY
Los vecinos celebran el fallo del Tribunal que pone fin a una larga batalla judicial por la urbanización de La Herradura
Cármenes del Mar, la historia de una 'catástrofe'
El Supremo obliga a indemnizar con 10 millones a los dueños de la urbanización Cármenes del Mar
Los vecinos llevan años luchando por encontrar una solución a este enclave formado por 415 casas que se vendió entre 2001 y 2005, y que afecta a dos fases de la urbanización. Aunque en algunas de esas idas y venidas a los juzgados han conseguido la razón, las empresas se declararon en banca rota, dejándolos, hasta el reciente fallo del Tribunal Supremo, sin nada.
La noticia ha corrido como la pólvora entre los vecinos y los que conocen la historia de este enclave ubicado en La Herradura, que celebran esta victoria como un primer paso a todo lo que tendría que venir después. La vicepresidenta de la comunidad de Atarazanas -afectada junto a la comunidad de Pueblo-, Elena Marañón, celebra la noticia porque "reconoce la obligación de las compañías aseguradoras de indemnizar, al menos, por el importe de las pólizas de responsabilidad civil", con lo que pueden iniciar además un nuevo procedimiento para reclamar a las compañías aseguradoras de otras empresas constructoras que han intervenido en la construcción de la urbanización.
La sentencia del alto tribunal pone fin a décadas de pleitos, enredos empresariales y procesos judiciales que han dejado sin casa y con hipotecas pendientes a muchos de los afectados, y obliga a las aseguradoras a pagar la cantidad necesarias y estipulada en las pólizas para cubrir los costes de las reparaciones a las que fueron condenados.
Esperan poder disponer en un plazo corto de tiempo del dinero para comenzar con las reparaciones más urgentes y poner algo de tranquilidad y paz al asunto. "Confiamos que sea rápido porque es una sentencia en tercera instancia, ante el Supremo ya no pueden reclamar. Las compañías tenían las pólizas, habían depositado el dinero, y es a lo que se le condena, por lo que confiamos en que no haya que ir a pedir la ejecución de la sentencia", apunta Marañón a este periódico.
Por otra parte, explica que se ha presentado una aclaración de la sentencia para ver si hay posibilidad de tener en cuenta los intereses, ya que consideran que el valor de lo que se aseguró entonces está lejos del precio actual, aunque el Tribunal lo desestima. Además, recalca que las compañías tenían un seguro de responsabilidad civil que ocultaron.
Un daño que va por zonas
Cármenes del Mar está compuesta por siete fases o urbanizaciones, la que más daño ha sufrido dentro del complejo por los deslizamientos es la comunidad de Pueblo. Varias casas permanecen en ruina, y pese a que no son habitables, en alguna de ellas los propietarios hacen su vida porque no tienen otro sitio donde irse. Unas casas de lujo que se construyeron junto a la carretera, y que se llamaban Casas Especiales, se vinieron completamente abajo. Una vecina, que prefiere no identificarse, cuenta que "es una pena la situación en la que tenemos que estar, en algunas de ellas entra gente a veces, pese al riesgo que corren, lo ideal sería que las demoliesen, pero ¿cómo le dices a los propietarios que se han quedado sin casa que encima tienen que pagar más dinero para echarlo abajo y quedarse sin nada?". Muchos propietarios se fueron, otros continúan pagando incluso por servicios que no pueden utilizar, como unas cocheras que permanecen precintadas en la zona baja de Atarazanas.
En esta otra fase de la urbanización las grietas están a la orden del día, una de las viviendas del interior está precintada y con la llegada del calor los vecinos miran a la piscina en la que hubo un tiempo en la que podían bañarse mirando al mar. La piscina estuvo unos años en uso, pero empezaron a salir grietas y se vino abajo. Los vecinos presentaron hace más de seis meses un nuevo proyecto al Ayuntamiento de Almuñécar para hacer una piscina un poco más chica y desplazarla unos metros para ubicarla en suelo estable, aunque de momento continúan a la espera de una respuesta. La puerta de acceso principal a la urbanización también estaba en la zona donde se registraron los desprendimientos, por lo que tuvieron que hacer una nueva y situarla en otro sitio.
Otra de las reclamaciones que hacen los vecinos es contra el Ayuntamiento. Los vecinos lamentan que este alegó que no tenía capacidad económica para abordar la estabilización de la ladera y le dieron la razón; sin embargo, sí que tendría que hacerse cargo del mantenimiento y reparación de las instalaciones. "Si se rompe algo dentro de las propias urbanizaciones son las comunidades de vecinos las que tienen que hacerse cargo, pero las carreteras de acceso, las calles y los jardines que hay fuera son del Ayuntamiento, y ya se puede ver como está todo", apuntan.
Los vecinos están ahora, con la sentencia del Supremo, un paso más cerca de poner algo de orden e intentar solucionar la situación. La urbanización se sitúa en una gran parcela limítrofe al Paraje Natural de Cerro Gordo que fue adquirida por una empresa en 1988, para construir algo más de 400 viviendas en distintas fases. Una gran parte de los propietarios adquirieron los inmuebles sobre plano por precios que rondaron los 100.000 euros. La zona es propensa a sufrir deslizamientos, el Ayuntamiento no recepcionó en su momento las obras del proyecto de urbanización general, de hecho, en una primera instancia y tras aparecer los primeros desperfectos, por 2005, algunos vecinos alegaron que podrían deberse por "defectos constructivos".
El juzgado de Primera Instancia 12 de Granada ya condenó a los responsables de las obras por las deficiencias de la urbanización y acordó como medida cautelar acometer unas obras de emergencia, aunque las promotoras se declararon insolventes y dejaron en un limbo jurídico a los afectados, que solicitaron la mediación de la Junta y del Defensor del Pueblo Andaluz. En 2016, el Parlamento andaluz decretó la situación de emergencia en la zona y ordenó ejecutar las actuaciones "necesarias e imprescindibles para evitar la situación de deslizamiento y riesgo" de las viviendas.
Un año antes, el Consistorio sexitano declaró la emergencia en la zona por los deslizamientos, solicitando incluso la ayuda de los gobiernos autonómico y nacional. Incluso, a final de ese año se aprobó una proposición no de ley que finalmente quedó en nada.
A principio de 2024, múltiples vecinos de la urbanización denunciaron públicamente la aparición de nuevas grietas en sus casas, aunque esta vez por culpa del constante paso de camiones y de maquinaria pesada para el vial alternativo que se estaba construyendo en dicha urbanización. Asegurando que el vial por donde transitaban los vehículos estaba en unas condiciones muy precarias e inestables desde hace años, por lo que consideraban que el paso de los camiones estaba perjudicando aún más la situación lamentable de la calzada y de las casas adyacentes.
En fechas más recientes, el Ayuntamiento de Almuñécar aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos solicitar al Gobierno central declarar como zona catastrófica. El alcalde, Juan José Ruiz Joya, indicó durante la exposición de motivos para solicitar la declaración de zona catastrófica que cinco viviendas están totalmente derruidas; 19 viviendas han sido declaradas en ruina física inminente y con orden de desalojo, precinto y vallado perimetral; siete viviendas se encuentran propuestas para desalojo y, para colmo, los deslizamientos se han extendido de Cármenes del Mar a viviendas de las promociones Casas Especiales, Calaiza, Pueblo y Atarazanas, produciéndose también graves daños en los viales y en las conducciones de abastecimiento, saneamiento, electricidad y fibra óptica, situados en el subsuelo y que han ido a peor con el paso de los años.
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