EL SUPREMO OBLIGA A INDEMNIZAR CON 10 MILLONES A LOS DUEÑOS DE LA URBANIZACIÓN CÁRMENES DEL MAR
COSTA TROPICAL
El Tribunal pone fin a una larga batalla judicial por la urbanización de La Herradura, levantada sobre una ladera inestable y con buena parte de sus viviendas en ruina
Cármenes del Mar, la historia de una 'catástrofe'
La sentencia del alto tribunal, contra la que no cabe recurso, pone fin a décadas de pleitos, enredos empresariales y procesos judiciales que han dejado sin casa y con hipotecas pendientes a muchos de los afectados.
Cármenes del Mar es una urbanización de 425 viviendas que se vendió entre los años 2001 y 2005 por precios que rondaron los 100.000 euros. Fue construida en la ladera de Cerro Gordo, en La Herradura, zona que ha sufrido corrimientos de tierra que han provocado el derrumbe de algunas casas, la clausura por riesgo de otras y desperfectos graves en la mayoría de las construcciones.
Aunque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía condenó al Ayuntamiento de Almuñécar a acometer obras para estabilizar la ladera, el mismo tribunal declaró en 2024 la imposibilidad de ejecutar esa sentencia.
Las dos empresas principales encargadas de ejecutar la promoción se declararon en quiebra y los vecinos reclamaron sin éxito que las aseguradoras de esas compañías respondieran económicamente por los daños.
Hasta este fallo del Supremo, las aseguradoras habían mantenido, con respaldo judicial, que los seguros de responsabilidad civil, con pólizas de seis y cuatro millones de euros, no debían cubrir ejecuciones de sentencias que no pudieron afrontar sus asegurados.
Sin embargo, el Supremo ha atendido el último recurso de dos comunidades de vecinos de Cármenes del Mar y ha condenado a las dos aseguradoras a indemnizar a los afectados con la suma de 10 millones de euros, correspondiente al importe de esas pólizas.
La sentencia facilita, además, que el resto de propietarios puedan interponer recursos contra otras aseguradoras vinculadas a una causa que acumula más de dos décadas de recorrido judicial.
El alto tribunal, no obstante, ha rechazado la petición de los demandantes de incrementar esa cuantía y ha limitado la indemnización al valor de las pólizas contratadas por las constructoras.
El juzgado de Primera Instancia 12 de Granada condenó en 2014 a los ocho acusados de participar en el diseño y construcción de la urbanización a costear las obras necesarias para reparar los graves daños de las viviendas, pero las promotoras se declararon insolventes y dejaron a los afectados en un limbo jurídico.
En 2005, dos fases enteras de la urbanización estaban ya en ruinas y más de 100 viviendas habían sido desalojadas. La causa llegó después al Supremo, que en 2019 ratificó una sentencia condenatoria de la Audiencia de Granada de 2017.
El caso también ha pasado por el Defensor del Pueblo y el Parlamento andaluz, mientras los vecinos han seguido reclamando una solución para una urbanización en la que se han registrado viviendas derruidas, inmuebles declarados en ruina física inminente, órdenes de desalojo y daños en viales y conducciones de servicios básicos.
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