GRANADA HOY/ LA REFORMA DE LA AVENIDA CERVANTES LLEGA A LA FISCALIA POR SU POSIBLE IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD /
Podemos presenta una denuncia contra el concejal de Urbanismo argumentando la falta del Estudio de Impacto Ambiental y los peligros sanitarios para trabajadores y vecinos
Acuerdo para la reforma de la Avenida de Cervantes: mantendrá aparcamiento y árboles y la obra empezará tras el verano
La reforma de Avenida Cervantes sigue generando polémica. Tras las protestas vecinales de las últimas semanas por la tala de árboles que conllevaría esta actuación, el asunto ha llegado a la Fiscalía a través de Podemos, que ha interpuesto una denuncia amparándose en la falta de un Estudio de Impacto Ambiental del proyecto y los posibles peligros para la salud tanto de los trabajadores como de los granadinos.
La denuncia, interpuesta contra Enrique Catalina, concejal de Urbanismo en la capital, y consultada por este medio argumenta que la documentación de la licitación no incluye un Estudio de Impacto Ambiental que debe estar incluido obligatoriamente "en una licitación de obra con afección sobre ambiente", especialmente cuando "el promotor es un ayuntamiento y está prevista la tala masiva de árboles", algo que cobra también más riesgo en una ciudad como Granada, considera el partido, con "niveles críticos de contaminación".
En un sentido similar, la denuncia pone sobre la mesa la manipulación de tuberías de fibrocemento (amianto) que conllevará la reforma de la avenida, pero que, de nuevo, no consta en la licitación la obligación de elaborar un plan específico limitándose únicamente a incluir "referencias genéricas" sobre prevención laboral, lo que "implica un grave riesgo para la salud de trabajadores y población vecinal".
Para el partido, la falta de obligatoriedad de ese plan "traslada al empresario" la idea de que no es necesario e impide "la evaluación y planificación preventiva" del impacto ambiental y sanitario que tendrá la reforma de Cervantes, haciendo especial hincapié en el amianto, un mineral cuyos efectos se generan a largo plazo (con periodos de latencia de casi medio siglo, según refiere la denuncia) y cuyas partículas pueden quedar suspendidas en el aire y ser inhaladas tanto por los trabajadores como los viandantes.
Como conclusión, el partido pide que, una vez admitida la denuncia y abiertas las diligencias de investigación, se suspenda cautelarmente el procedimiento de licitación, preparación y adjudicación del contrato "hasta que se acredite la existencia y suficiencia" de un plan de trabajo y estudio medioambiental.
Además, el partido morado deduce posibles responsabilidades penales por presuntos delitos tipificados en el Código Penal en los artículos 325, contra el medio ambiente, 316, contra la seguridad de los trabajadores, y 404 y 329, por falsedad documental y prevaricación administrativa. Para el portavoz de la formación que se declara ecologista de izquierdas, “el concejal de Urbanismo es el responsable directo de la legalidad del expediente, “no pudiendo alegar desconocimiento de la normativa ambiental y de prevención de riesgos.”
Como respuesta, el Partido Popular, a través de su portavoz, Jorge Saavedra, ha calificado lo ocurrido de "oportunismo político" que buscan "que Granada no avance", pero Saavedra se ha mostrado tajante asegurando que "no lo van a conseguir", remitiéndose al "plan histórico de obras" puesto en marcha por el equipo de Gobierno en la ciudad y que afecta a todos los distritos
Saavedra, en un audio remitido a lo smedios, ha afirmado que el contrato de licitación de Cervantes respeta escrupulosamente todo lo que recoge la ley de contratos del sector público, "como no podía ser de otra manera", dejando claro que se incluyen todos los informes necesarios. En cualquier caso, ha concluido el edil, se estudiará "cualquier circunstancia" que pueda acaecer, respetando siempre la legislación.
El Ayuntamiento de Granada anunció a finales de julio la salida a licitación de las obras de Avenida Cervantes, con un presupuesto base de unos 3,4 millones, tras consensuar el proyecto definitivo con vecinos y comerciantes.
Según anunció el Consistorio, se trata de una actuación de gran envergadura enmarcada dentro del Plan de Obras Municipales 2024-2027, que se está llevando a cabo en todos los distritos de la capital, así como del Plan de Resiliencia Hídrica en el Ciclo Integral del Agua de Emasagra, que permitirá mejorar de forma integral la urbanización, redes de servicios y accesibilidad de una de las principales vías de la ciudad.
El ámbito de actuación comprende toda la avenida, desde la calle Puente Verde hasta la calle José Tamayo. El anuncio de licitación se publicó el 17 de julio en la Plataforma de Contratación del Sector Público y, con el objetivo de agilizar la ejecución, la obra se ha dividido en dos lotes: el primero entre Puente Verde y Alcalá de Henares, y el segundo desde esa vía hasta José Tamayo.
Menos de un 10% de árboles
La tala de árboles es uno de los puntos calientes de la polémica sobre la avenida. Recientemente, el Ayuntamiento aclaró que solo tocará los que suponen peligro inminente por colapsos o caídas, lo que supone seis de un total de 101 árboles, por lo que se respetará el 94% del total que existe en esta zona de la capital. El informe municipal sobre el arbolado es claro: de los más de cien ejemplares que existen se retirarán solo seis por presentar "defectos estructurales o daños irreversibles que comprometen su estabilidad" y por tanto suponen un amenaza al viandante, priorizando el mantenimiento del mayor número de ejemplares. Además, se plantarán 22 árboles nuevos, por lo que tras la reforma habrá 117 árboles, 16 más que ahora.
Sin embargo, los vecinos aseguran que, más allá de los árboles, existen otras líneas rojas que no están dispuestas a que se sobrepasen. La propia presidenta de la Asociación de Vecinos, Marisa de la Torre, detalló durante una protesta a las puertas del Ayuntamiento cuáles son esos límites: no quieren perder árboles, no quieren perder el vial secundario (que da acceso a comercios y lo consideran esencial para la vida del barrio), no quieren perder aparcamientos (cambiarlos a batería dicen que generará más colapso y riesgo de accidentes) y tampoco quieren la zona infantil proyectada, que supondrá "enjaular" a los niños entre vallas y que dicen "no hemos pedido".
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